Desde la llegada de los teléfonos móviles a nuestra sociedad y en consecuencia a nuestros centros educativos, han surgido muchas dudas y controversia sobre su utilización. No obstante, en los últimos años, tanto la normativa estatal como la autonómica, se han alineado en el sentido de dar autonomía a los centros educativos a través de las normas de organización y funcionamiento para regular su uso. En este orden de consideraciones, la mayoría de las Comunidades autónomas permiten que sean los centros educativos, de acuerdo con el principio de autonomía de organización y de gestión del marco legislativo actual, los que determinen la posibilidad de usar o no los teléfonos móviles en sus instalaciones. En ciertos centros se permite su uso en el caso de que el profesorado lo solicite como herramienta educativa en su área o materia, en otros se ha optado por permitir su uso en algunas etapas educativas y en otros se ha preferido prohibirlo en todo el recinto escolar. Pero si esta duda ini